domingo, 16 de maio de 2010
Shirelles - His Lips Get In The Way w/ LYRICS
His Lips Get In The Way - "The Shirelles"
Everybody tells me I'm
A fool and I'm just wastin' time
To love someone who's not in love with me-e-e
Friends all say that I'm a dope
To stay in love when there's no hope
But I'm a dope who loves him hopelessly
Chorus
What can I do?...(La-la-la-la-la-la-oo) What can I say?
(La-la-la-la-la-la-oo)Each time I try to say goodbye
His lips get in the way (Sha-La-La-Sha-La-La-La-La)
His lips get in the way (Sha-La-La-Sha-La-La-La-La)
He says my love don't mean a thing
But still he keeps me on a string
I'm just someone he likes to have around
I say I want no more of this
But then he stops me with a kiss
I can't resist him though he puts me down
(repeat chorus)
Everybody calls me fool
They say "Hey girl, go back to school
And learn the things that every girl should kno-o-w"
But I guess I've got no brains
Because my foolish heart remains
I just can't break the chains and let him go, no no
(repeat Chorus)
(fading out)
His lips get in the way
Oh yeah, his lips get in the way
Bar é poesia - Paulo Leminski
esta vida é uma viagem
(Paulo Leminski)
pena eu estar
só de passagem
La luz al final del túnel se apaga - El País, es - link (aqui)
El recorte social - Las consecuencias políticas SONDEO-FLASH DE METROSCOPIA PARA EL PAÍS
Los ciudadanos rechazan el plan de ajuste y creen que no es suficiente para salir de la crisis - La congelación de las pensiones suscita el mayor rechazo
MIGUEL JIMÉNEZ - Madrid - 16/05/2010
Para empezar, la desconfianza se ha instalado en la ciudadanía. Tres de cada cuatro consideran que las medidas no son suficientes para que España salga de la crisis. El Gobierno se ha ganado a pulso esa desconfianza. Cuando ya estábamos en recesión y se habían perdido cientos de miles de puestos de trabajo, el presidente del Gobierno sostenía que era "opinable" que hubiéramos entrado en crisis, una palabra que se convirtió en tabú. "Zapatero pronuncia la palabra crisis" llegó a ser noticia de primera página. Solbes bromeaba con que la recesión pasaría "rozando el larguero" cuando cayó Lehman Brothers y empezaron a marcarle goles por la escuadra. De no ver llegar la crisis, el Gobierno pasó a verla acabarse. Proclamó que se había tocado suelo, vio brotes verdes y cuando, a la vuelta del verano de 2009, algunos le advirtieron de que la crisis española iba a ser más larga, Zapatero reaccionó airado negándolo. Desgraciadamente, España ha sido la última de las grandes economías en dejar la recesión y cuando lo hace, se agrava la crisis, con el paro y el déficit en niveles récord y el acoso de los mercados. El Gobierno tampoco supo diagnosticar bien ese acoso, desatado por la crisis griega.
Cuando el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, se fue a una isla del Egeo para confesar a sus ciudadanos que Grecia era "un barco a punto de irse a pique", el Gobierno se veía a salvo del contagio. Sólo una semana antes de anunciar su plan de ajuste, Zapatero aún insistía, tras su reunión con Rajoy, en que no era momento de una reducción drástica del déficit. Pero los dos días siguientes fueron una pesadilla. La Bolsa y los bonos se desplomaron. España empezaba a verse reflejada en el espejo griego, que los líderes del Eurogrupo se encargaron de poner a Zapatero delante de la cara. No es raro que la encuesta muestre que los ciudadanos creen por abrumadora mayoría (67%) que el plan de ajuste no es fruto de una reflexión interna, sino de presiones exteriores. En un contexto de deterioro de la imagen de España, la presión de los mercados y la de los dirigentes europeos ha sido decisiva. Para Zapatero, que tanto ha arremetido contra los especuladores, ha tenido que ser especialmente doloroso rendirse a ellos mientras la prometida reforma financiera sigue empantanada.
Hasta ahora, la carga de la crisis la han soportado sobre todo los parados. Ahora se amplía exponencialmente el número de afectados directos. Entre cinco y seis millones de pensionistas, cerca de tres millones de empleados públicos, cientos de miles de personas dependientes y de futuras madres sufrirán las medidas anunciadas por el Gobierno. En tiempos en que el sueldo medio de los ejecutivos de las empresas del Ibex es de un millón de euros, unas 300 veces el salario mínimo, ninguna medida va dirigida a las rentas más altas, beneficiarias con Zapatero de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y de la rebaja del IRPF.
Eso irrita a los sindicatos casi tanto como la ruptura de la gran promesa de Zapatero: "Mientras yo sea presidente, las políticas sociales no tendrán recortes", insistía hace sólo tres meses. Zapatero los ha perdido como aliados a los sindicatos -algo con consecuencias imprevisibles- mientras recibía el apoyo matizado de los empresarios. Entre algunos de estos, hay preocupación por si el Gobierno será capaz de recabar apoyo parlamentario a sus medidas. El miércoles, todos los grupos le dieron la espalda. En medios empresariales da pánico la sola idea de que el Congreso rechace convalidar el decreto-ley de un Gobierno, -no hay que olvidarlo- en minoría. Ante la perspectiva de una grave crisis política y de credibilidad, esperan que haya grupos que faciliten la aprobación.
Pero no va a ser fácil hallar votos para unas medidas que, en conjunto, no gustan a la ciudadanía. El 46% las desaprueba y el 34% las aprueba, según la encuesta de Metroscopia, aunque al bajar al detalle hay grandes diferencias. El juicio tiene que ver en parte con el bolsillo de cada uno. Siempre ha sido así, pero más si se trata de repartir la factura de la crisis. Eso se aprecia sobre todo en la supresión del cheque-bebé. El rechazo más amplio (65%) se registra entre los menores de 35 años, es decir, sus potenciales beneficiarios, mientras que entre los mayores de 35 años pasan a ser mayoría los que respaldan la eliminación de dicha ayuda.
La medida que encuentra un rechazo más general es la congelación de las pensiones en 2011, la que afecta a un mayor número de ciudadanos. El Gobierno ha decidido saltarse en este punto el Pacto de Toledo, el consenso básico en materia de pensiones. ¿Una excepción o un precedente?
En cambio, la otra decisión más drástica, la rebaja de un 5% de media de los sueldos de los funcionarios, recibe un respaldo mayoritario (58% a favor y 40% en contra). Eso responde probablemente a la percepción de que son los que menos han sufrido la crisis. No ha habido apenas despidos entre los empleados públicos y sus retribuciones subieron con fuerza en 2009 cuando la inflación fue sólo del 0,7%.
La medida, por otro lado, supone reconocer la evidencia aritmética de que no era posible recortar significativamente el gasto en funcionarios manteniendo su poder adquisitivo. El Gobierno ha preferido engañarse durante meses y negar esa evidencia. Cuando el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, insinuó que el emperador estaba desnudo, todos le desautorizaron altivos, como en el cuento de Andersen.
Dentro de la rebaja de sueldos, la que recibe un apoyo más amplio, casi unánime, es la de los miembros del Gobierno. La reducción del gasto en medicamentos también es aplaudida. El respaldo es igualmente amplísimo para la petición de que comunidades y ayuntamientos ahorren 1.200 millones, aunque es un enunciado con trampa. Mientras no se diga en qué se ahorra, esto es, quiénes saldrán perjudicados, es lógico que apenas haya oposición.
En cambio, junto a la congelación de las pensiones, la mayor oposición es contra la modificación del régimen de jubilación parcial y contra la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia desde el día de presentación de la solicitud. Frente al interés propio que se adivina en la posición de los encuestados sobre otras materias, en esta última se aprecia cómo ha calado la idea de solidaridad con los dependientes. Y también ha arraigado la solidaridad con los países más pobres, pues pese a la dureza de la crisis es mayoritario el rechazo al recorte de 600 millones en la ayuda al desarrollo.
Acaso la mayor paradoja de la encuesta es que pese a que los ciudadanos desaprueban el paquete en su conjunto y lo consideran insuficiente, una amplia mayoría cree que el PP debería apoyar las medidas. Eso sí la diferencia de opinión entre votantes del PSOE y del PP es mayor en esta pregunta que en ninguna otra.
La encuesta no aclara si los ciudadanos ven insuficientes las medidas porque hacen falta reformas en paralelo (laboral, pensiones, cajas de ahorros) o porque son necesarios más recortes (supresión de ministerios, reducción de subvenciones, copago sanitario...). Pero menos aún, a lo que no puede responder es a si el ajuste le bastará a las autoridades europeas (que evaluarán el plan en junio) y a los mercados. Son preguntas en el aire. ¿Qué nuevas vueltas de tuerca harán falta? ¿En qué plazo? ¿Cómo afectará el ajuste a la recuperación económica? ¿Cuándo volveremos a ver la luz al final del túnel?
ENTREVISTA: CAYO LARA Coordinador general de Izquierda Unida "Zapatero está de rodillas ante los bancos" - El País, es - link (aqui)
PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL - Madrid - 16/05/2010
Pregunta. ¿Puede explicar qué ha pasado esta semana?
Respuesta. Yo creo que Zapatero sencillamente se ha dejado llevar por la presión de la UE, el FMI y lo que llaman mercados internacionales. Se ha visto perfectamente en su intervención del Parlamento. Zapatero considera que la salida de la crisis no está en buscar recursos, esto nos lo ha manifestado por activa y por pasiva en las reuniones que hemos tenido.
P. ¿Se lo dijeron así de claro?
R. Sí, directamente. La propia vicepresidenta económica ha declarado que hasta 2013 no van a tocar los impuestos. Les falta fuelle para enfrentarse con el poder económico y buscar el dinero donde está. Hay una voluntad decidida de no meterse con el poder financiero. ¡Es que ni una sola medida! Hasta los portugueses han subido 2,5 puntos el impuesto de sociedades, han tomado medidas más equilibradas, han cuidado más la forma y el fondo. El caso de Zapatero es incomprensible. Sinceramente, el gabinete que le asesora, si es que hay alguno, debe ser el gabinete más neoliberal de la historia. Además de ser injustas, estas medidas no dinamizan el consumo ni el empleo.
P. Puede dar la impresión de que no se pudiera hacer otra cosa. Se habla de los mercados.
R. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quiénes son los mercados? Es que yo quiero poner nombres y apellidos a los mercados. Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver si son las 1.440 personas que controlan el 80% del PIB de España. A ver si los mercados son esos señores de la banca que se retiran y les dan 80 millones de euros. O los banqueros que han ganado 17.000 millones de euros en 2009, en plena crisis, a costa del sufrimiento de la pequeña y mediana empresa. A ver si son los que están cogiendo dinero al 1% en el BCE y se lo están vendiendo al 9% a Grecia. Son los que están especulando con el dinero de todos. Aquí hay un poder financiero tan importante que tiene más poder que los Estados. Eso es terrorífico. No digo que sea el fin de la democracia, pero es un palo tremendo. Hay dos salidas posibles hoy a la crisis. O los que se han enriquecido aportan recursos para una salida social, o se sale con el sufrimiento de los trabajadores y las clases populares.
P. ¿Y por ahora?
R. Estamos cogiendo la segunda salida. Siguen intocables los mercados y los poderosos. Lo más gordo es que vinieron corriendo los que habían creado la crisis, los bancos, a que les salvaran. Se ha pedido dinero público para salvar al poder financiero. Y ahora es el poder financiero el que está asfixiando a los Estados. Esto que está pasando es muy gordo. Más de lo que parece. Es una dictadura del poder financiero.
P. ¿Qué pueden hacer los Gobiernos?
R. ¿Por qué no se pueden plantear medidas para que los beneficios de la banca se dediquen a dar una salida social a la crisis y a alimentar economías productivas? Digo los beneficios. ¿Por qué no se buscan los 254.000 millones de euros que están dando vueltas por la zona euro en billetes de 500? Nosotros dijimos que se les cambiara el color, para que tengan que pasar por ventanilla. En Francia se ha planteado suprimirlos. Vamos a proponer que el 1 de enero, a ver si el Gobierno es valiente, no se pueda comprar nada con billetes de 500. Los inspectores fiscales han dicho que si les ponen medios pueden rescatar 100.000 millones del fraude en cuatro años. En vez de eso, el Gobierno ha bajado un 6,1% el presupuesto de la Agencia Tributaria. En resumen, Zapatero ha estado de rodillas ante la banca española y continúa de rodillas.
P. Están ustedes muy activos contra la corrupción. ¿Es un tema que les favorece políticamente?
R. La lucha contra la corrupción forma parte del ADN de los que estamos en IU. Me cuesta más entender la corrupción dentro de IU que en otros partidos, donde la acumulación de riqueza forma parte de su propia estructura de pensamiento.
P. ¿Cuál es su definición de la trama Gürtel?
R. Es un supuesto caso de financiación ilegal de un partido político a partir de unas concesiones administrativas que se hacen de forma fraudulenta por parte de las administraciones que gobierna ese partido. Y hablo de supuesto. Yo no soy aforado y tengo que tener cuidado con las palabras. Esto sólo lo pueden combatir los propios partidos. No se puede entrar en este juego. El PP empezó diciendo que eran cuentos de los periodistas, de los fiscales, de los policías. Al final, salió Dolores de Cospedal a pedir perdón. Eso es tomarle el pelo a la ciudadanía. Porque desde el primer día, desde que dijeron que no había nada, sabían perfectamente lo que tenían. Cómo no lo iban a saber, si lo estaban haciendo ellos.
P. Plantar cara como en Seseña, ¿es rentable en política?
R. No da más votos denunciar la corrupción. Ese alcalde ha sufrido una guerra.
P. ¿El constructor Francisco Hernando, El Pocero, ha intentado negociar con IU?
R. Lo ha intentado dos veces.
P. ¿En qué términos?
R. No ha venido a decirnos "os doy tantos millones a cambio de no sé qué". Pero sí ha intentado abrir vías de negociación con IU. Le hemos parado dos veces y le hemos dicho que la única negociación que tiene que hacer es con el alcalde de Seseña. Es decir, no hay negociaciones por encima de la democracia y del poder legítimo que tiene el alcalde.
P. ¿No han llegado a escuchar de él una oferta?
R. No hemos escuchado una oferta porque no hemos querido escucharla. Así de rotundo.
P. Cuando denunciaron a Hernando también dieron datos sobre José Bono como presidente de Castilla-La Mancha. ¿Tiene aquello algo que ver con lo que se está publicando estos días?
R. En 2006 pusimos unos hechos sobre Seseña en conocimiento de Anticorrupción para que los investigara. No imputamos delitos a nadie. El Pocero y Reyal Urbis eran los dos promotores que por los proyectos presentados se iban a favorecer más con la ley urbanística de Castilla-La Mancha de 2003. Reyal Urbis es del propietario de los dos áticos de Estepona
[que le cambió a Bono por un piso en Madrid]. El Pocero, que no trabaja para terceros, hizo unas obras en Hípica Almenara, propiedad de Bono. Él mismo explicó que las obras no las pagó Bono, sino las empresas que se anunciaban allí. Creo que al Pocero le debería haber llamado a declarar la Fiscalía. Y sobre Bono, no he dicho que haya delinquido, pero éticamente muchas de las cosas que se han conocido no tienen explicación.
P. ¿Alguna vez el señor Hernando ha declarado sobre algo?
R. No le han llamado nunca. Él se jacta de eso. Lamentablemente, la Fiscalía no ha investigado al Gobierno de Castilla-La Mancha. No lo creo, lo afirmo. Y sé por qué lo afirmo.
P. Un comentario sobre la suspensión de Garzón.
R. La justicia ha muerto, viva la justicia. Hay que sustituir una parte de la justicia de este país. Es una decisión que demuestra una persecución contra ese juez. Han ido a cargárselo y se lo han cargado. Garzón se ha enfrentado a los tardofranquistas y también es el juez incómodo que ha destapado la trama Gürtel. Es un juez que se la ha jugado en el desempeño de su cargo. Me merece mucho respeto. Meterse con Pinochet, con el GAL, con ETA, no es cualquier cosa, es jugarse la vida. En Italia han matado a jueces por luchar contra la corrupción y la mafia.
Crecimiento o barbarie - El País, es - link (aqui)
Evitar morir de unas tasas intolerables de paro o de un exceso de déficit público: ese es el dilema de la política económica
JOAQUÍN ESTEFANÍA 16/05/2010
Viene de la página anteriorUn fantasma recorre Europa: el fantasma de la quiebra por la acción de los especuladores. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una Santa Alianza para acorralar a este fantasma. Mientras ello ocurre, millones de ciudadanos se ven aquejados por el estancamiento económico y la deflación, que ha multiplicado en los últimos dos años y medio el número de desempleados y el empobrecimiento de las clases medias, y que amenaza con extenderse en el largo plazo. Las últimas cifras aportadas por Eurostat, la oficina de estadísticas de la Comisión Europea, así lo muestra: la zona euro sólo está creciendo a una tasa interanual del 0,5%, y la Unión Europea de 27 miembros, a un anémico 0,3%, porcentajes muy insuficientes para mejorar la inversión, el consumo, el comercio exterior, etcétera, al ritmo suficiente para crear puestos de trabajo en cantidades masivas, recuperar el bienestar perdido y competir con EE UU o la emergente Asia.
Como consecuencia de la batalla contra el endeudamiento y el déficit público (que en estos momentos multiplica en los diferentes países por dos, tres o cuatro los porcentajes permitidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que obliga a los países de la eurozona), los Estados han retirado con rapidez los planes públicos de estímulo que sustituyeron a la dimitida inversión privada en los momentos más álgidos de la Gran Recesión. Cautivos y desarmados por la acción de los mercados, que amenazan con no prestarles más dinero o con no renovar los créditos pendientes, los Estados dedican sus esfuerzos prioritarios a reducir sus desequilibrios, especialmente los déficit y la deuda, sin contemplar los efectos colaterales que tal ausencia puede tener en la coyuntura más inmediata, en términos de reducción del crecimiento económico y, consiguientemente, en disminución de las cifras de paro. El genial Plantu lo dibujaba expresivamente en la primera página de Le Monde: en el Festival de Cine de Cannes se presenta el Robin Hood, de Ridley Scoot, y su protagonista, Russell Crowe, lanza la flecha del "rigor"... que se clava en el corazón de un trabajador manual que pasaba por allí.
Se ha entrado en una nueva fase de la crisis económica: la de la deuda soberana. Tras el estallido de las hipotecas de alto riesgo, los aumentos de los precios de los alimentos y las materias primas, los riesgos por la falta de liquidez y de solvencia de las entidades financieras, y la recesión en la economía real, llegan ahora las dificultades de los Estados, que no dan más de sí. Lo que comporta una gran paradoja: tras haberse endeudado éstos para salvar a los grandes bancos de la quiebra (generando una liquidez masiva, comprando activos de mala calidad, garantizando las emisiones de la deuda privada y entrando en el capital de las entidades, nacionalizándolas durante un rato), y después de haber gastado masivamente en programas de estímulo para que no cayeran sectores productivos enteros en los concursos de acreedores y en las quiebras masivas y para que la Gran Recesión no se convirtiese en una Gran Depresión como la de los años treinta del siglo pasado, los Estados son acusados ahora -por los mismos que fueron auxiliados con el dinero de los contribuyentes- de derrochadores. Las agencias de calificación de riesgos, esas tres empresas privadas que actúan en régimen de oligopolio sin regulación alguna y que concedieron sus máximas calificaciones a empresas como Enron, a bancos como Lehman Brothers y a los productos derivados opacos y fuera del balance de las entidades, ahora se ponen estrechas y rebajan las posibilidades de países enteros, con lo que ello supone de sufrimiento para sus ciudadanos.
Desde el verano de 2007, los gobernantes de los países más importantes del mundo se pusieron aparentemente de acuerdo (en tres reuniones del G-20, en Washington, Londres y Pittsburg) en evitar los abusos que habían dado lugar a la crisis financiera más importante de los últimos 80 años. Hay algo muy profundo que ha cambiado con la crisis, dijo el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso: las autoridades no van a consentir que los financieros vuelvan a las andadas y nos lleven a la situación anterior. Ya estamos en la situación anterior. La regulación de los mercados financieros, la creación de un fondo con ingresos de la banca para que si se vuelve a producir la caída de uno de ellos se evite con el mismo y no con dinero de los presupuestos públicos, la creación de una tasa Tobin que contribuya a la lucha contra la pobreza y se evite en parte la volatilidad de los movimientos de capitales, los topes a los indecorosos bonus y a los paracaídas de oro de los ejecutivos, han quedado en nada, excepto en EE UU, donde Obama intenta aprobar una ley que impida los delirios del pasado. Zapatero, como presidente de turno de la UE, fue interpelado por el hasta ahora primer ministro británico Gordon Brown para que no introdujese una regulación de los fondos de alto riesgo (hedge funds) en medio de la campaña electoral del Reino Unido porque le venía mal. Zapatero aceptó el retraso. Pues bien, algunos de estos hedge funds son los que han protagonizado la campaña especulativa contra el Reino de España y contra el euro en estas últimas dos semanas.
Así pues, hasta ahora la batalla la han ganado los mercados descontrolados, de los cuales los especuladores son su esencia, no una rareza. La especulación es el corazón de la actividad financiera, cambiaria o bursátil, no una excrecencia del sistema. Son esos mercados los que han dicho: no hay alternativa; no hay opciones de política económica. Luchar contra el déficit a través de la reducción de la inversión y del gasto público es el mal menor. Si no se hace así, no entrará más dinero y no se podrán pagar ni las pensiones, ni el seguro de desempleo, ni la sanidad pública o la educación; ante tal vértigo, los Estados no han tenido más remedio que plegarse, y los Gobiernos de los mismos, olvidar los ritmos de cadencia de la política económica y sus prioridades. Además, a pesar de las profundas diferencias económicas entre los países atacados (hasta ahora, sobre todo, Grecia, Portugal, España, Irlanda e Italia), los mercados financieros internacionales han reaccionado con pocos matices al deterioro.
Así, han emergido escenarios que hasta apenas hace mes y medio parecían inconcebibles, tal es el grado de volatilidad levantada; por ejemplo, la ruptura de la eurozona de 16 países, que con tantos esfuerzos se ha construido desde principios de siglo, o la segmentación de las economías que la componen (países de primera y segunda división), según el grado de sostenibilidad de sus finanzas públicas. Se hace más realidad lo que los miembros del Grupo de Reflexión, presidido por Felipe González, expresaban en una carta dirigida al Consejo Europeo al entregar el Proyecto Europa 2030: "Lo que vemos no es tranquilizador para la Unión y sus ciudadanos: crisis económica global, Estados al rescate de banqueros, envejecimiento demográfico que afecta a la competitividad y al Estado de bienestar, competencia a la baja en costes y salarios, amenaza de cambio climático, dependencia de unas importaciones de energía cada vez más cara y escasa, o desplazamiento hacia Asia de la producción y el ahorro. Y todo ello sin contar con la amenaza del terrorismo, del crimen organizado o de la proliferación de armas de destrucción masiva (...). La crisis aparece como el parteaguas en la historia de una nueva realidad mundial que se viene configurando desde hace dos décadas. Todo indica que habrá ganadores y perdedores en este cambio global, y si la UE no quiere estar entre estos últimos, como viene ocurriendo, tiene que reaccionar ya...".
La reacción se articuló en primera instancia el pasado fin de semana, cuando Europa (con la colaboración del Fondo Monetario Internacional) se dotó de un fondo de estabilidad de hasta 750.000 millones de euros para hacer frente a las maniobras de los especuladores que han querido acabar con la zona euro. Una especie de TARP europeo (siglas del paquete de ayudas a la banca, movilizado en EE UU primero por Bush y luego por Obama), en este caso para defender la deuda soberana. Una intervención política, al margen del mercado, por valor de 750.000 millones de euros (más de dos terceras partes de lo que produce un país como España en todo un año), y unos planes de ajuste en los países más afectados, que también son procedimientos administrativos al margen del mercado, en ello consiste la resistencia frente al poder de los especuladores. ¿Qué queda del laissez faire, del que cada palo aguante su vela, que constituye la idea-fuerza del capitalismo tal como lo habían explicado sus exégetas desde Adam Smith? No hay salida sin intervención pública. Se ha combatido la deuda pública con más deuda pública, y se han reforzado los mecanismos de coordinación europea que habían quedado en evidencia en esta crisis. Para que este plan sea el embrión de un Departamento del Tesoro y de un Gobierno económico de Europa falta añadir a la política monetaria común una política fiscal y un presupuesto que pueda denominarse como tal. Europa es una bicicleta, dijo Jacques Delors, que ha de seguir pedaleando para continuar so pena de caerse.
El país que ha concitado mayor atención de los movimientos especulativos tras la debacle griega ha sido España. Para combatirlos y poder acceder, si hiciese falta, a ese fondo de resistencia, Zapatero ha tenido que anunciar un durísimo plan de ajuste que por ahora afecta a los funcionarios públicos y a los jubilados en primera instancia, con reducciones de algunos gastos sociales que hasta el momento formaron la línea Maginot de la política económica de los socialistas. En pocas ocasiones se ha visto tan meridianamente clara la dictadura de los mercados: tan sólo hacía una semana que el propio Zapatero había explicado que la reducción del déficit iba a ser más gradual, más prolongada en el tiempo, porque la economía española acababa de salir de la recesión (tras seis trimestres de crecimiento negativo, el PIB ha aumentado una décima en el primer trimestre del año), lo cual era un argumento lógico (otra cosa era la lentitud en la instrumentación de las medidas ya anunciadas). No ha tenido ocasión de hacerlo así. No se lo han permitido. En su intervención ante el Congreso, el presidente utilizó un metalenguaje de injusticia necesaria o de injusticia obligatoria: tenía que aplicar un paquete de medidas que él no hubiera querido, ya que ese ajuste duro no era compartido. Pero los mercados se lo han impuesto y no ha podido resistirse a esa política de rigor mortis que conllevará la reducción de unas décimas en el crecimiento, por lo que nuevamente se volverá a la contracción, con los efectos que tendrá sobre la inversión, el consumo y la creación de empleo, hasta ahora la gran prioridad. Pero no sólo España es un país intervenido. Todos lo son y han de actuar como las empresas muy endeudadas, que no pueden mover un solo papel sin que se lo autoricen los acreedores: Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania se aprestan a sacrificios similares a los de España.
En relación con la deuda, el principal problema de la de España no es la soberana. La deuda pública española llegará a finales de ese año como mucho a un 70% del PIB, muy inferior a la de la mayor parte de los países de nuestro entorno. La dificultad es el enorme endeudamiento general de la sociedad. Al finalizar el año 2009, la deuda conjunta de las administraciones públicas (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos), las empresas, los hogares y el sector bancario ascendía a casi cuatro billones de euros, el 390% del PIB. Las empresas no financieras debían el 143% del PIB; los bancos y cajas de ahorro, el 107% del PIB, y los hogares, el 89%. Si las agencias de calificación de riesgo rebajan la calidad de la deuda española, todos estos sectores, y no sólo el Estado, quedarán afectados por el incremento del precio del dinero cuando salgan a renegociar sus créditos o quieran tomar más dinero prestado.
Hay otra peculiaridad en España que no se da en los países de nuestro entorno: la insolidaridad de su oposición política y la incoherencia de la política que postula el PP. Cuando su líder, Mariano Rajoy, acudía hace unos días al Palacio de la Moncloa en lo que todos los ciudadanos entendieron como una posibilidad (fallida) de encontrar un acuerdo nacional para luchar contra la crisis, pidió una lucha más consecuente contra el déficit público (como en los últimos dos años, cuando la coyuntura era claramente distinta) al tiempo que demandaba medidas urgentes como la derogación de la subida del IVA, la reducción de dos puntos de las cotizaciones sociales, la reducción sin condiciones de cinco puntos en el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas, el mantenimiento de la deducción de la vivienda habitual en el IRPF, etcétera, que de haber sido aplicadas habrían significado un nuevo aumento del déficit público. Combatir el déficit generando más déficit.
Las dos grandes preguntas a partir de ahora son las siguientes: si los mercados exigen más sangre, como ha pasado en Grecia, ¿habrá nuevas medidas de ajuste sin un estallido social? ¿Hasta dónde se puede llegar en los ajustes sin clausurar por un periodo largo las posibilidades de crecimiento de la vieja Europa?
EDITORIAL Evitar el ostracismo - El País, es - link (aqui)
El compromiso europeísta exige que la oposición apoye el drástico recorte de los gastos públicos
16/05/2010
El Gobierno ha quedado en una situación política muy precaria tras el anuncio del severo plan de ajuste hecho público esta semana. Pero la precariedad no es consecuencia del nuevo rumbo al que apuntan las medidas, sino de la recalcitrante obstinación con la que el presidente Zapatero mantuvo el anterior. Su idea de que la mayor crisis financiera tras el crac de 1929 se podía sortear con eslóganes y gesticulación propagandística hizo perder un tiempo precioso para que el país encarase en mejores condiciones una gravísima coyuntura económica; también no pocos recursos dilapidados en iniciativas que, como los diversos regalos fiscales, pretendían disfrazar como políticas sociales avanzadas simples argucias populistas, concebidas de manera irresponsable en campaña electoral.
Acuciado por el entorno europeo e internacional, el Gobierno ha tenido que poner fin abruptamente a una estrategia que, en el fondo, sólo consistía en interpretar como ocasión para las escaramuzas políticas internas una tormenta financiera internacional de la que no podía desentenderse. Ahora que se ha visto obligado a despertar de una ensoñación en la que cada día estaba más solo, es la oposición la que parece dispuesta a tomar el relevo en esta visión miope de lo que se juega el país, intentando sacar tajada electoral de un Gobierno forzado a hacer cuanto negaba hasta la víspera. La pueril propuesta de recortes del gasto, anunciada ayer por Mariano Rajoy al término de una reunión con los presidentes autonómicos del PP, demuestra fehacientemente que el partido que aspira a gobernar España carece de cualquier perspectiva realista de política económica.
El desafío inmediato al que se enfrenta la oposición, y en el que se juega su credibilidad como alternativa, es apoyar sin reservas los drásticos recortes anunciados por el Gobierno, no aprovechar la ocasión para traducir la crisis económica en una crisis política que lleve, además, a una sustitución del presidente, un Gobierno de unidad o un adelanto electoral. Cualquiera de estas alternativas no evitaría que el recorte del gasto público siguiera adelante. Lo que exige el carácter excepcional de la coyuntura son medidas igualmente excepcionales como las que se han anunciado, no trasladar la excepcionalidad al Ejecutivo.
La responsabilidad contraída por el Gobierno y su presidente en la gestión de la crisis no puede hacer que se pierda de vista su dimensión internacional. La reducción del gasto público en las tres únicas partidas en las que se puede realizar -salarios de los funcionarios, costes sociales e inversiones- es una decisión exigida por la coyuntura interna, pero sobre todo por el papel internacional que España desempeña como país miembro del euro. Ni por los efectos que tendría sobre nuestra prosperidad, ni por los que acarrearía para la economía internacional, pueden el Gobierno y las restantes fuerzas políticas faltar a sus deberes. Creer que es sólo el electorado quien está pendiente de las decisiones que adopten unos y otros sería un error garrafal; además del electorado, son los Gobiernos y los ciudadanos de países que comparten con España una moneda única y un sistema económico fuertemente interrelacionado quienes nos observan.
El compromiso europeísta ofreció a España la oportunidad de vivir los mejores años de su historia; lo que ahora demanda ese compromiso es responsabilidad; ya no cabe la alternativa castiza del ensimismamiento. Es ensimismamiento confrontar una crisis en la que los factores exteriores e internos se han potenciado recíprocamente, desde la convicción de que las decisiones económicas que se adopten en España forman parte de las escaramuzas electorales. Hasta ahora, esa convicción sólo ha acarreado el desprestigio de la clase política. En lo inmediato, puede provocar el del país, devolviéndonos al ostracismo que tantos males nos causó en el pasado.
LA HORA DEL SACRIFICIO Dos minutos que cambiaron a España - El País, es - link (aqui)
En apenas 120 segundos el presidente anunció las nueve medidas del ajuste económico más duro e impopular de la historia reciente y renunció a parte de su compromiso social. EL PAÍS reconstruye los pasos que condujeron al cambio de rumbo.
JOSÉ MANUEL ROMERO 16/05/2010
La sesión parlamentaria del miércoles 12 de mayo de 2010 quedará grabada en la memoria de España. Ese día, el jefe del Gobierno anunció uno de los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de la democracia.
Cinco millones de pensionistas, 2,8 millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y los 400.000 nuevos padres de 2011 sufrirán en sus bolsillos las consecuencias del recorte. Las constructoras perderán un negocio de 6.000 millones de euros en obra pública y los países en vías de desarrollo dejarán de recibir 600 millones de euros de la cooperación española.
La tijera de Zapatero se llevará por delante 15.000 millones de euros en año y medio, una factura dramática que el Gobierno socialista ha decidido pagar para ahuyentar algunos fantasmas que amenazan la estabilidad financiera de España y de la Unión Europea.
El presidente que se juramentó para no tocar las prestaciones sociales en medio de la tormenta de la crisis y que se aferró a la paz social como un salvavidas con el que salir a flote en plena recesión, descendió el pasado miércoles a su particular infierno para anunciar la reducción de unos gastos que, hasta ese momento, eran sagrados e intocables. "No había alternativas. Había que hacerlo y lo hizo. Estaba determinado", cuenta un ministro.
Lo hizo sin encontrar en el hemiciclo ni una sola mano tendida, salvo la de su propio grupo parlamentario; lo hizo a sabiendas de que lloverían huelgas en España y de que le darían la espalda los sindicatos mayoritarios, con los que se ha entendido bien durante estos dos años de calvario económico y paro desbocado; lo hizo a la fuerza, porque le obligaron otros gobiernos de la Unión Europea; lo hizo en la intimidad de su teléfono móvil conversando con apenas media docena de colaboradores y algunos líderes europeos; lo hizo pese a que sólo una semana antes, cuando se reunió en el palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy, había defendido con vehemencia todo lo contrario.
El pasado 5 de mayo, el líder de la oposición exigió al presidente más ahorro. Zapatero se negó con un argumento que repitió hasta cuatro veces delante de los periodistas: "No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación".
Sólo siete días después de aquella defensa sin fisuras de un recorte moderado del déficit, Zapatero cambió radicalmente de discurso en el Congreso: "Coherentes con la evolución de la realidad, el Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional de medio punto este año y otro punto adicional en 2011, para pasar en dos años del 11,2% de déficit al 6%". El presidente admitió que la dolorosa decisión provocará, además de un notable descontento social, un pequeño retroceso en lo económico: "La reducción de la demanda afectará transitoriamente al crecimiento, que el año que viene será unas décimas inferior al previsto".
La realidad evoluciona casi a la velocidad de la luz. Lo que el Gobierno consideraba el miércoles 12 de mayo un "buen plan de ajuste" que no había que acelerar, apenas servía el viernes 14 y ya es un pasado remoto el domingo.
"Fue una semana negra que nos sorprendió a todos", recuerda un colaborador del presidente. "Desde el lunes sufrimos los ataques consistentes de los mercados financieros, y el miércoles, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, acabó de hundirnos con unas declaraciones contrarias a la compra de títulos de deuda pública que generó mucha inquietud. La Bolsa reaccionó muy mal. Nosotros teníamos previsto hacer un ajuste duro en 2011 con un presupuesto muy complicado para rebajar dos puntos del déficit. Pensábamos anunciarlo en junio con motivo de la aprobación del techo del gasto presupuestario, pero los acontecimientos nos atropellaron".
La semana negra del 3 al 9 de mayo dejó unos registros pésimos: el euro cayó por debajo de los 1,27 dólares por primera vez desde marzo de 2009; los bonos de los países periféricos sufrieron una oleada de ventas, lo que llevó a máximos sus primas de riesgo; la Bolsa española se derrumbó en sólo siete días un 14%, la segunda peor marca de su historia. "Habían ido a por Grecia, iban a por Irlanda, Portugal, España, luego Italia y el siguiente era Francia. Había que hacer algo y rápido", señala uno de los principales interlocutores de Zapatero durante la semana crítica.
El presidente del Gobierno habla con Angela Merkel, con Nicolas Sarkozy, con Silvio Berlusconi. La vicepresidenta económica dialoga con Timothy Geithner, secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos. Se convoca de urgencia la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo para el viernes a las siete de la tarde. Aparentemente se trata de dar el espaldarazo definitivo al plan de rescate a Grecia, pero ese punto se convierte en un asunto menor. La reunión del Eurogrupo resultará una cita crucial para el futuro de la Unión Europea; una cita imprescindible para la economía de los países en dificultades; una cita histórica y trascendental a la que España acude en números rojos, con un déficit del 11,2% y un 20% de paro.
Los primeros ministros, con Sarkozy a la cabeza, negocian la creación de un mecanismo europeo que proteja a todos los países de los ataques especulativos en los mercados financieros. Alemania se resiste, pero acaba cediendo. Antes exige que los países con peores registros, como España, intensifiquen los planes de consolidación fiscal y pongan freno a su deuda.
Zapatero ha vivido una "reunión de la máxima trascendencia", según confiesa a los periodistas, donde se ha acordado "mandatar a la Comisión Europea para presentar un mecanismo de apoyo comunitario ante la situación de riesgo de solvencia de cualquier país de la zona euro".
El presidente todavía no da pistas sobre el ajuste duro que se precipita sobre España: "Nuestro proceso de reducción del déficit, necesario e imprescindible, debe ir acompañado con el crecimiento económico. Por una reducción excesivamente rápida del déficit, que es inversión pública en gran medida, no podemos poner en riesgo el crecimiento económico. Y mucho más ahora que en el primer trimestre hemos tenido un crecimiento positivo saliendo de la recesión", explica en la conferencia de prensa.
A juzgar por sus declaraciones, Zapatero se resiste a ejecutar un recorte drástico del déficit y mantiene su plan de ajuste inamovible. Pero sus palabras del sábado pierden todo el sentido cuando la vicepresidenta Elena Salgado acude el domingo a la reunión de los ministros de Economía (Ecofin) y muchos, principalmente Alemania, exigen a España un sacrificio extraordinario.
Elena Salgado libra una batalla capital con el resto de ministros de Economía. "Querían que recortáramos 30.000 millones de euros más entre 2010 y 2011. Pero Salgado", cuenta un compañero, "se defendió bien y al final el compromiso fue 5.000 millones este año y 10.000 el próximo".
A primera hora de la tarde del domingo, el recorte extra que acepta España para acelerar la reducción de su déficit ya circula como noticia, pero todavía siguen las negociaciones en el Ecofin, que concluyen de madrugada con un acuerdo para movilizar hasta 750.000 millones de euros en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona.
Tras horas de máxima tensión, los gobiernos de los países europeos acuerdan dotarse de un escudo colosal para ahuyentar a los tiburones que huelen la sangre de los países con números rojos en sus cuentas públicas.
El Gobierno tiene que pasar de los compromisos alcanzados en Bruselas a la realidad de los hechos en Madrid. La mañana del lunes fue intensa en el palacio de la Moncloa. Por primera vez desde que estalló la crisis económica, Zapatero reúne a su núcleo duro para debatir una medida tan dolorosa e impopular que le provoca "desgarro interior", según cuenta uno de los colaboradores.
Entre todos barajan múltiples alternativas para restar 15.000 millones al presupuesto, todas ellas con un coste social considerable. El presidente no quiere cargar a los usuarios de la sanidad pública con la fórmula de copago que alguien baraja; ni quiere oír hablar de tocar las prestaciones por desempleo. "Desde el viernes ya estábamos trabajando algunos en el recorte. Pensábamos ir con un pequeño paquete de medidas. Aún no se había evaluado el alcance de la rebaja, pero ya se veía que el recorte de sueldos de los funcionarios iba a ser inevitable", explica un ministro.
En la reunión del lunes en los maitines de Moncloa se escucharon argumentos para justificar la medida, aunque todos eran conscientes de la tremenda fractura social que podía desencadenar la rebaja salarial. "Los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y tienen el puesto de trabajo fijo y asegurado", comenta una de las personas presente en la reunión. Otro remacha: "Era la medida más medible, sabemos cuánto se ahorra con ese recorte y el Eurogrupo también lo sabe. Algunos países en dificultades ya lo han hecho y otros lo harán".
A Zapatero, el ajuste que ha tenido que digerir en apenas cinco días le produce amargura, y no sólo por la bajada del sueldo de los funcionarios. "La partida de ayuda al desarrollo no tendrá grandes efectos políticos, pero al presidente le escoció. Nos decía que cortar la ayuda al desarrollo era como cortarse un brazo. Con los pensionistas, lo mismo", señala uno de sus ministros.
El presidente encargó a la Oficina Económica de Moncloa un informe sobre las distintas posibilidades de reducir gasto. Si evitaban ahorrar mediante la bajada salarial a los funcionarios, lograr un recorte de 15.000 millones de euros en dos años exigía cargarse toda la inversión pública, con lo que el empleo podría verse gravemente afectado. Zapatero descartó esta opción. Todas las variables desembocaban en el mordisco a los sueldos públicos, también los del Gobierno, que se reducirían un 15%.
El martes por la mañana, el presidente tiene sobre su mesa la lista negra de los recortes. A las cinco de la tarde, recibe una llamada de Barack Obama, que le traslada su preocupación por los problemas financieros relacionados con la deuda de algunos países europeos.
Zapatero intenta tranquilizarle y explica al presidente de Estados Unidos las medidas aprobadas en el Ecofin del domingo anterior para blindar a Europa de los ataques especulativos. De paso, le adelanta el duro ajuste que aplicará en España y que lo anunciará al día siguiente en el Congreso de los Diputados.
El presidente español se despide de Obama y llama a algunos colaboradores para comentarles la conversación: "Nos dijo que el presidente de Estados Unidos había estado afectuoso y comprensivo. Que le recordó que también él había tenido que hacer reformas duras, pero que era necesario hacerlas. Nos sorprendió que la conversación trascendiera y que el portavoz de la Casa Blanca informara sobre la misma".
No es el único sapo que se traga Zapatero esa jornada. Ha hablado por la tarde con los principales líderes sindicales en España para anticiparles la decisión que ha tomado. Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Toxo (CC OO) mantienen una buena relación con el presidente. Se diría que hasta se entienden. Hasta esa tarde.
El duro ajuste económico que Zapatero ha puesto en marcha es inaceptable para los sindicatos. "El Gobierno renuncia a gobernar y deja que lo hagan los mercados especulativos. Es intolerable. Zapatero se ha hecho el haraquiri y ha dejado a los sindicatos a los pies de los caballos. A partir de ahora, con este precedente de reducción de un 5% en los salarios de la Administración, la negociación de los convenios colectivos en las empresas privadas va a ser imposible", se lamenta un alto cargo sindical.
Méndez y Toxo se muestran contrariados por este cambio de rumbo del presidente, que renuncia a mantener algunas prestaciones sociales de las que, hasta hace unos días, se sentía principal valedor y defensor. No entienden las razones de Zapatero. Llaman a sus equipos de madrugada mientras en un edificio del complejo de La Moncloa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reúne a los líderes sindicales de CC OO y UGT en la Función Pública. También ha citado al representante de CSIF, pero no está en Madrid. Es una reunión "larga y difícil", según distintas fuentes. El papel que le toca desempeñar a la vicepresidenta es especialmente complicado.
Hace varios meses, De la Vega firmó con los sindicatos de la Función Pública un acuerdo que garantizaba la paz social durante varios años a cambio de un acuerdo salarial que garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios. "Con este acuerdo vamos a convertir a la Administración Central del Estado en un motor que sin duda va a contribuir a la salida de la crisis", proclamaba entonces la vicepresidenta rodeada de los líderes sindicales.
Cuando, desde el Ministerio de Economía, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sugirió que ese acuerdo era papel mojado porque había que ahorrar más en gastos de personal, De la Vega afeó la conducta al alto cargo.
No fue la única. Zapatero también había echado cuentas y consideraba que con reducir cada año la oferta de empleo público a la mínima expresión, como ya se ha hecho en 2010, se cumpliría con el ahorro previsto en gastos de personal sin necesidad de reducir salarios.
Eso era así, por voluntad expresa del presidente del Gobierno, hasta que las exigencias de otros gobiernos europeos le hicieron cambiar de opinión en apenas unos días.
El martes por la noche, en La Moncloa, Fernández de la Vega se tuvo que comer sus palabras ante los líderes sindicales de la Función Pública porque había que salvar al euro y a los países con más dificultades financieras, entre ellos España.
El presidente del Gobierno se levanta temprano el miércoles y se prepara para una desagradable sesión parlamentaria que no olvidará nunca. Zapatero se pone el casco en el Congreso para recibir andanadas a izquierda y derecha. Es un debate áspero y uno de los más tristes para él. Ni vence ni convence. Lo previsto.
De allí se marcha a la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz, donde le espera el poder regional del partido al que quiere explicar que la medida es necesaria para salvar a España y asegurar un futuro próspero. En la casa donde manda desde hace diez años, Zapatero vence y convence. Al menos, en apariencia.
A la salida, algunos de los que escucharon atentos sin levantar la mano para protestar empiezan a mascullar: "Acabamos de perder las próximas elecciones".
